viernes, 23 de agosto de 2019


La amenaza narco-disidente se reorganiza en la frontera norte.
Mario R. Pazmiño S.

Algunos analistas consideraban que la muerte de Walter Patricio Arizala, alias ‘Guacho’, iba a permitir una relativa estabilidad y la reducción de los índices de inseguridad y violencia que azotaban a los departamentos fronterizos de Nariño y Putumayo en Colombia.
Sin embargo, las estimaciones se contraponen con los escenarios actuales. Ahora existe un reacomodo de las amenazas, del incremento de los combates entre facciones, una presión constante de las Fuerza Pública colombiana contra las estructuras delictivas y un incremento de las actividades de narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana.
El proceso de paz en Colombia no contribuyó a reducir los niveles de inseguridad, sino más bien facilitó la proliferación de estructuras delictivas que se autodenominaron ‘Disidencias’. Ellos son quienes veían el acuerdo como una amenaza a su actividad de narcotráfico, lo que les dejaba millonarias ganancias. En este esquema del crimen organizado transnacional hace su aparición el grupo Oliver Sinisterra, auspiciado por el Cartel de Sinaloa, de México, quienes pretendían consolidar su control territorial, imponiendo el miedo y la violencia en una de las zonas cocaleras más importantes de Colombia.
Desde el aparecimiento de Oliver Sinisterra se genera una confrontación permanente con otro grupo denominado ‘Guerrillas Unidas del Pacifico’, comandado por alias ‘David’, quien tenía como respaldo al Cartel del Golfo. La lucha fue encarnizada por ganarse el control de las rutas, laboratorios y las plantaciones de coca, estos combates generaron una gran cantidad de muertes civiles, desplazados y una migración importante hacia Ecuador, con las repercusiones socioeconómicas que este fenómeno genera.
Lo que no conocían las autoridades es que en la clandestinidad existía otro actor mucho más astuto y peligroso. Un comandante guerrillero denominado ‘El Contador’, que dio origen a otra disidencia que lleva su alias ‘Los Contadores’ y, que a su vez, controlaba a los grupos Oliver Sinisterra y Las Guerrillas Unidas del Pacífico. ‘El Contador’ es un narcoterrorista mucho más experimentado y que se movía fuera del radar de las autoridades para mantener su negocio ilícito a salvo.
Con la muerte de ‘Guacho’, comandante del Frente Oliver Sinisterra en diciembre del 2018, y de ‘David’, comandante de las Guerrillas Unidas del Pacífico en septiembre del 2018, el grupo ‘Los Contadores’ amplían su control e influencia en el negocio de narcotráfico en el departamento de Nariño. Ellos sirven a los dos carteles mexicanos Cartel de Sinaloa y El Cartel del Golfo. El grupo ‘Los Contadores’ ha incrementado su pie de fuerza para poder mantener su control territorial, se estima que tiene entre 250 y 350 hombres. De hecho, las últimas capturas de explosivos en la frontera colombo-ecuatoriana y de cargamentos de armamento que vienen desde Perú son para mantener el nivel de operatividad de este grupo disidente. 
Esto indica que las amenazas para Ecuador no se han eliminado, ni se han reducido. Los tentáculos siguen ampliando su control territorial y el negocio de narcotráfico. Colombia, a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, continúa ejerciendo una presión constante sobre estas estructuras narco-delictivas empujándolas hacia la frontera con Ecuador. El propósito es sacarlas de su zona de confort y de las plantaciones de coca para poder iniciar la segunda fase de la estrategia antinarcóticos: la fumigación de miles de hectáreas cocaleras.
Por ello, la peor decisión del gobierno de Lenín Moreno sería retirar la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Esmeraldas’, que constituye el escudo para nuestra soberanía y garantía de una relativa seguridad en la frontera.


La Migración: El Caballo de Troya de Maduro para debilitar las democracias latinoamericanas
Mario R. Pazmiño Silva
Desde el año 2014 diferentes organismos internacionales vienen denunciando que la crisis humanitaria no solo trae a los diferentes países que los acogen empresarios, técnicos y profesionales que vienen a emprender, sino también que el éxodo incluye estructuras delictivas que han visto esta oportunidad para exportar sus actividades criminales.
El Defensor del Pueblo de Colombia Dr. Carlos Negret indicó que recibió denuncias de ciudadanos venezolanos, quienes manifestaron que el presidente Nicolás Maduro habría ordenado la apertura de las cárceles para infiltrar con reclusos el flujo migratorio hacia los países de la región. Esta información se entrelaza con las declaraciones de la Ministra del Servicio Penitenciario Iris Valera quien manifestó que  “20.000 convictos no suponen ningún riesgo y deben ser liberados”.

Delincuentes del Centro penitenciario Santa Ana recibiendo instrucción antes de ir al puente de Tienditas.

Otro hecho importante que demuestra la mente retorcida del dictador es cuando se trató de ingresar ayuda humanitaria a Venezuela por parte de la coalición de países ante la crisis que se vivía y Nicolás Maduro dispuso el envío de reclusos  al puente fronterizo de Tienditas para bloquear el ingreso de la ayuda humanitaria. Los convictos pertenecían al Centro Penitenciario Santa Ana de la ciudad de Ureña en el Estado de Táchira. Los reclusos habrían sido entrenados y preparados por funcionarios gubernamentales para actuar como una fuerza de choque y/o una milicia de delincuentes al servicio del gobierno.
El éxodo de los ciudadanos venezolanos que ha generado la dictadura del modelo chavista calificado como “bolivariano y socialista” para atrapar a los incautos, está siendo utilizado por  Nicolás Maduro para afectar las democracias regionales utilizando perversamente la migración de sus compatriotas  descontentos para infiltrar estructuras delictivas que generen caos y rechazo en los países de acogida de esta ola migratoria.
El afán de Maduro es generar que los estados latinoamericanos donde están llegando los migrantes  rechacen su permanencia y los consideren una verdadera amenaza a la seguridad ciudadana, obligando a los gobiernos a poner un sinnúmero de requisitos que dificultarían el ingreso de venezolanos en busca de nuevos horizontes. Los cerca de 7 millones de migrantes son una muestra palpable de la ineficiencia de un gobierno fallido. Sin embargo para Nicolás Maduro son traidores al proceso revolucionario.
El gobierno venezolano está utilizando la misma estrategia que usó Fidel Castro con el éxodo de los denominados “Marielitos” en octubre de 1980 hacia los Estados Unidos. El dictador cubano aprovechó este éxodo y abrió las cárceles para que los reclusos no sean una carga estatal a cambio de que vayan a otros países y se conviertan en una pesadilla delictiva permanente en las sociedades de acogida; de esta forma se lograban dos objetivos: primero sacaba el lumpen social que se encontraba detenido y que no tenía los recursos para mantenerlos en prisión;  y segundo, propinaba un duro golpe a los sistemas de seguridad estatales con una amenaza que venía oculta en un “Caballo de Troya” llamado migración.

Miembros de la Megabanda “El Tren der Aragua” capturados por las autoridades peruanas.

En agostos del 2018 Perú capturó a 15 delincuentes de la megabanda “El Tren de Aragua”,  una estructura delictiva que tiene excelentes relaciones con la ministra del Servicio Penitenciario Iris Valera a través de su jefe el “Pran” conocido como “El Niño Guerrero”. Esta organización criminal cuenta con aproximadamente 250 y 300 delincuentes fuertemente armados que operan dentro y fuera del recinto carcelario y que hoy están ampliando sus actividades delictivas en algunos países de la región aprovechándose del flujo migratorio.
El siete de Agosto del 2019 Perú expulsó a 47 venezolanos con antecedentes penales. Las autoridades del vecino país ya han deportado a 200 ciudadanos vinculados a actividades delictivas o con antecedentes.
La falta de controles gubernamentales e intercambio de información delincuencial,  ha permitido que integrantes de las megabandas venezolanas comiencen a trasladar sus operaciones a la región. Es por eso que hemos visto cómo los niveles de inseguridad se han incrementado y la percepción de inseguridad en la sociedad es cada día más alarmante.
Si a julio del 2019 estarían ingresando un promedio diario de 3.000 venezolanos  -de acuerdo a Presidencia estarían viviendo en Ecuador cerca de 500 mil ciudadanos venezolanos- y recién se comenzará  a requerir documentos para controlar esta migración a partir del mes de septiembre, la pregunta para las autoridades es: ¿Cuántas organizaciones delictivas y/o megabandas venezolanas están operando en nuestro país? ¿O seguimos pensando y actuando como si somos solo un país de tránsito?.   





Buenos Aires la empresa millonaria del crimen organizado
Crnl. Mario R. Pazmiño Silva

La parroquia de Buenos Aires un recinto agrícola y ganadero perteneciente al cantón Urcuquí de la provincia de Imbabura comienza a tomar interés de connacionales y extranjeros luego de que un campesino que se encontraba en labores agrícolas descubriera oro impregnado en las piedras en el año 2016. La fiebre del oro se expandió rápidamente como reguero de pólvora en todo el país, generando una migración interna importante hacia esta localidad.
Sin embargo no solo las personas ávidas de encontrar el preciado mineral estaban interesadas en hacer presencia en este paraje andino; existían empresas internacionales como la australiana Hancock Prospecting, las canadienses Core Gold Inc y Luminex Resources que rápidamente realizaron acercamiento con funcionarios gubernamentales para participar en la licitación que concesionaba los sectores de Imba-2 e Imba-3, pero sus aspiraciones se vieron truncadas por la avalancha de mineros informales que ocuparon la zona.
Otras organizaciones al margen de la ley como el ELN, las Disidencias y las FARC vieron una oportunidad para ampliar sus operaciones y comenzaron a desplazar parte de sus estructuras para realizar el cobro de vacunas y el control territorial de la explotación minera.
El problema recién iniciaba, la disputa entre grupos de poder del narcotráfico en los departamentos de Putumayo y Nariño, hicieron que inicialmente se creen alianzas entre Sinaloa, la Constru y Frente Oliver Sinisterra (FOS), quienes vieron una oportunidad de diversificar sus negocios.


 


Por otro lado las disidencias de los frentes 29 y 48 de las FARC que no se acogieron al proceso de paz venían operando en sus antiguos territorios manteniendo el control de los mismos. La disposición que dio “Sinaloa” (Comandante de la Disidencia en el Putumayo, actualmente fallecido) a Martín Quemado fue que movilice parte de la estructura que se encontraba operando en el sector de Mocoa y concentre gente en La Victoria, frente a El Carmelo por donde ingresaron camuflados en camiones por el paso ilegal de La Pintada con dirección a Salinas, San Gerónimo hacia Buenos Aires.
Los mineros expresaron en diferentes medios de comunicación de que el personal armado pertenece a las FARC. Se estima una estructura operativa de unas 15 a 20 personas que ejercían el control en Buenos Aires y que al ingreso de personal militar y policial (aproximadamente un pie de fuerza de 4000 efectivos) se desplazaron hacia territorio colombiano.

La intervención gubernamental mediante un decreto de emergencia en el sector permitió develar la infraestructura delictiva que se encontraba tras esta actividad de minería ilegal.  El operativo realizado deja muy en claro que existieron fuertes inversiones para compra de maquinaria, motores, procesadores de oro, chancadoras e infraestructura etc. 
El desalojo generó una migración interna de aproximadamente unos 7000 desplazados que perdieron todo, sin embargo tienen la intención de retornar una vez que las condiciones se estabilicen, los mineros de Buenos Aires no van a permitir que las empresas transnacionales comiencen a explotar lo que ellos consideran es suyo.



INTERNACIONALES: MARIO PAZMIÑO SILVA
¿Quién gobierna Venezuela?
El bolivarianismo o, si se quiere, la estrategia chavista que tiene por meta seducir a incautos y desprevenidos...
21 de May de 2019
El bolivarianismo o, si se quiere, la estrategia chavista que tiene por meta seducir a incautos y desprevenidos mientras un reducido conglomerado se tomaba el poder y saqueaba a Venezuela, dependía -necesariamente- de la penetración sistemática de las Fuerzas Armadas locales. Conforme lo han certificado los hechos en la atribulada nación caribeña, esa penetración portaba el objetivo de transformar a los militares en un ejército represivo, llamado a defender la revolución socialista hasta las últimas consecuencias. 
Así, pues, el fallido golpe de Estado ingeniado en perjuicio de Hugo Chávez Frías, gestado por militares y organizaciones sociales el 11 de abril del 2002, constituyó el punto de inflexión del chavismo, como también su punto de partida, tanto para la instrumentación de la ya comentada transformación de las Fuerzas Armadas, como para la conformación de un ejército paralelo, que hoy es conocido como los Círculos Bolivarianos. El desaparecido ex presidente Chávez comprendió que la sola pertenencia a las F.A.B. en modo alguno le garantizaba la lealtad de ese cuerpo, ni su permanencia en el poder. A tal efecto, y con la eficiente consultoría ofrecida por los servicios de inteligencia cubanos (conocidos en toda jerga como G2), se procedió a diseñar e implementar un sofisticado proceso de adoctrinamiento, condicionamiento y conversión de la institución militar tradicional, para convertir a esa institución en una milicia revolucionaria al servicio de un sistema totalitario.

De tal suerte que el modo seleccionado por parte de Hugo Chávez a la hora de reclutar a sus compañeros de armas, coincidió con la oferta de incentivos para comprometerlos, generando, en simultáneo, un esquema de profunda dependencia y agradecimiento por los cargos ofertados, en la forma de recursos, viajes, prebendas, jugosos salarios, condecoraciones,y etcéteras. Rápidamente, la milicia venezolana se vio deslumbrada por la corrupción, por las reiteradas lisonjas, y por el nuevo papel que estaba llamado a desempeñar en la administración gubernamental. Naturalmente, todo juramento en pos de la defensa de libertades y derechos individuales del pueblo, fue velozmente descartado. El germen de la descomposición se había colado ya entre las filas de los militares.

Tras lo cual ha de consignarse que los uniformados venezolanos han sido corrompidos hasta alcanzarse un punto de no retorno. En derredor de ese espectro, solo quedan acusaciones de corrupción, homicidios selectivos (o ejecuciones extrajudiciales), reiteradas violaciones contra los derechos humanos de los ciudadanos, y más. Se arriba, entonces, a la insoslayable conclusión de que los militares en ese país han sido subyugados, no respondiendo ya al interés nacional, sino a la perniciosa agenda del crimen organizado y a los caprichos individuales de gobernantes y personeros de un Estado fallido, que porta la etiqueta de República Bolivariana de Venezuela.

La desaparición física de Hugo Chávez Frías dio lugar a inacabables luchas intestintas por el control de los resortes del poder y ello, a su vez, potenció la fractura institucional. Los elementos de las fuerzas armadas, acostumbrados -ya por dos décadas- a cogobernar y a saquear al erario público, no se hallaban en posición de ceder posiciones ni de despreciar su porcentual del botín. A la postre, el sendero elegido ha sido el de convenir una suerte de coexistencia pacífica con la administración de Nicolás Maduro Moros, quien solo se ocupó de gestionar la manutención de las referidas prebendas, nunca interviniendo en el ilícito consorcio comercial de los militaresEsa no-interferencia ha permitido que Maduro contase con el respaldo institucional necesario de cara a eventuales proscenios de desestabilización de orden interno o externo.

Por estas horas, habrá de subrayarse, asimismo, que la fallida intentona cívico-militar del presidente interino Juan Guaidó, en compañía de un puñado de uniformados disconformes, confirma lo evidenciado en los párrafos anteriores. Toda vez que la maniobra de Guaidó Márquez careció de aspectos críticos que hacen a una mínima planificación, los resultados obtenidos solo han contribuído a morigerar la otrora importante expectativa internacional, multiplicándose también el desconciertoen el andarivel doméstico: el escenario no se ha visto modificado.

Sin embargo, será importante concluir que Maduro no ha, en rigor, logrado consolidar su poder. Antes, bien: lo que ha sucedido es que las Fuerzas Armadas Bolivarianas han cimentado el control que tienen sobre todos los asuntos importantes del Estado. Sus principales referentes se encuentran hoy en posición idónea para negociar, si fuera el caso, con el presidente interino Guaidó. 

Finalmente, la Crisis Venezolana no arribará a una solución -al menos no en el formato deseado por la comunidad internacional-, por cuanto quienes administran el poder son, precisamente, los militares. En paralelo, ellos no están siendo consultados en el proceso. Las negociaciones que estos días se desarrollan Oslo no prosperarán, en razón de que el actor principal, esto es, la 'milicia bolivariana' no fue convocada y, sin su beneplácito, nada ni nadie podrá alterar el contexto. Sin importar los repetidos llamados al diálogo.


 

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Sobre Mario Pazmiño Silva
Mario Pazmiño Silva es Coronel (R) del Ejército del Ecuador. Cuenta con un Master en Seguridad y Desarrollo. Es Presidente del Centro de Análisis e Investigación Internacional, Consultor Internacional en Seguridad y Defensa. Oficia de Analista para diferentes medios de comunicación sobre temas de Terrorismo e Inteligencia, y desarrolla publicaciones para distintos medios de comunicación en América Latina. Su correo electrónico, aquí.
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En Buenos Aires se creo una millonaria empresa del crimen organizado
La intervención en la zona de minería ilegal muestra que los grupos delincuenciales colombianos tomaron en control de la zona. Al menos tres grupos ejercieron el poder en ese sector.
Por: Mario Pazmiño
La parroquia de Buenos Aires, el recinto agrícola y ganadero perteneciente al cantón Urcuquí, de Imbabura, comenzó a interesar a connacionales y extranjeros. Esto luego de que un campesino, que se encontraba en labores agrícolas, descubriera oro impregnado en las piedras, en el 2016. La fiebre del oro se expandió rápidamente, como reguero de pólvora, generando una considerable migración interna hacia esta localidad.
Sin embargo, no solo las personas ávidas de encontrar el preciado mineral estaban interesadas en llegar a este paraje andino. Estaban las empresas internacionales, como la australiana Hancock Prospecting, las canadienses Core Gold Inc. y Luminex Resources, que rápidamente realizaron acercamiento con funcionarios gubernamentales para participar en la licitación que concesionaba los sectores de Imba-2 e Imba-3. No obstante, sus aspiraciones se vieron truncadas por la avalancha de mineros informales que ocuparon la zona.
Otras organizaciones al margen de la ley, como el Ejército de Liberación Nacional, las Disidencias y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), vieron una oportunidad para ampliar sus operaciones. Entonces, comenzaron a desplazar parte de sus estructuras para realizar el cobro de vacunas y el control territorial de la explotación minera.
El problema recién iniciaba. La disputa entre grupos de poder del narcotráfico en los departamentos de Putumayo y Nariño hizo que lleguen a acuerdos y se creen alianzas entre los grupos criminales de Sinaloa, La Constru y el Frente Oliver Sinisterra (FOS), quienes vieron una oportunidad de diversificar sus negocios.
Por otro lado, las disidencias de los Frentes 29 y 48 de las FARC, que no se acogieron al proceso de paz, venían operando en sus antiguos territorios manteniendo el control de los mismos. La disposición que dio alias ‘Sinaloa’ (comandante de la Disidencia en el Putumayo, actualmente fallecido) a Martín Quemado consistía en que movilice parte de la estructura que se encontraba operando en el sector de Mocoa, en Colombia, y concentre gente en La Victoria, frente a El Carmelo, en Ecuador. Ingresaron camuflados en camiones por el paso ilegal de La Pintada con dirección a Salinas y San Gerónimo, para llegar hasta Buenos Aires.
Los mineros de ese sector contaron a diferentes medios de comunicación durante la intervención estatal que los armados pertenecían a las FARC. Se estima una estructura operativa de 15 a 20 personas quienes ejercían el control en Buenos Aires y, que al ingreso de personal militar y policial (aproximadamente un pie de fuerza de 4 000 efectivos), se desplazaron de nuevo a territorio colombiano.
La intervención gubernamental, mediante un Decreto de Emergencia para el sector, permitió develar la infraestructura delictiva que se encontraba tras la minería ilegal. El operativo realizado deja en claro que existieron fuertes inversiones para compra de maquinaria, motores, procesadores de oro, chancadoras, etc. 
El desalojo generó aproximadamente 7 000 desplazados, que perdieron todo. Sin embargo, tienen la intención de retornar una vez que las condiciones se estabilicen. Los mineros de Buenos Aires no van a permitir que las empresas transnacionales comiencen a explotar lo que ellos consideran como suyo.
   


LA GEOPOLÍTICA DEL NARCOTRÁFICO UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD REGIONAL
Crnl. ® del Ejercito de Ecuador
Mario. R. Pazmiño Silva

El descubrimiento de América, en 1492, marcó un hito global: por un lado, aportó al desarrollo económico de las coronas europeas y, por el otro, dio inicio al tráfico ilegal de la primera droga, el tabaco. Esa comercialización produjo una primera maquinaria de crimen organizado, que, con el pasar de los siglos, se ha especializado y desarrollado nuevas capacidades, para enfrentar a los sistemas de seguridad estatales.
No podemos olvidar que la geopolítica nos enseña que siempre debe haber un crecimiento y que esto se aplica para los estados y las organizaciones delictivas. Es por eso que si un territorio es abandonado o no está protegido por el Estado, este será ocupado por otro actor, que impondrá sus condiciones y consolidará su presencia en ese espacio geográfico.




Los estados débiles son los objetivos prioritarios de las organizaciones y carteles del narcotráfico. Si logran penetrar las estructuras estatales, compran la lealtad de las Instituciones de control (Ejército y Policía) y pervierten a los operadores de justicia, el resultado es siempre el mismo: desestabilización de la democracia  y promoción de gobiernos fallidos, atravesados por la corrupción.
En la presidencia de Álvaro Uribe (Colombia), se inició una lucha sin cuartel en contra del narcotráfico. Los resultados fueron la reducción de la producción de 1000 toneladas anuales a 180, a través de un ataque  sistemático, por parte de la Fuerza Pública colombiana, a los centros de acopio y plataformas internacionales de distribución de los carteles colombo-mexicanos, lo que afectó el corazón del narcotráfico y de los grupos narcoterroristas de las FARC y el ELN.
A finales del 2005, se realizó una reunión del narcotráfico internacional en una quinta cerca de Sinaloa, en la que participaron los carteles colombianos y mexicanos. En ella se planteó el traslado de la infraestructura de este negocio hacia otros países, donde los sistemas de seguridad, jurídicos y estatales eran débiles y sus autoridades o miembros fácilmente corrompibles.
Ecuador y Venezuela fueron los países seleccionados para incrementar las estructuras existentes para contrarrestar las pérdidas millonarias ocasionadas por la Fuerza Pública colombiana. El efecto globo, entonces, se materializaba: reducción de la producción en Colombia e incremento en Venezuela y Ecuador.
Dentro de los carteles, los mexicanos vieron la oportunidad de extender sus operaciones y tener el control total del negocio: desplazan a sus antiguos socios colombianos, los convierten en una empresa delictiva tercerizada y responden a sus nuevos capos, los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y  Cartel del Golfo.



La geopolítica del narcotráfico se cristalizó: ocuparon los espacios que otros carteles no podían asegurar y conquistaron áreas valiosas que les beneficiaban económicamente. El crimen organizado mutó y las nuevas formas de lucha de las débiles democracias regionales, no han podido enfrentar el problema. Los ejemplos son el Plan Colombia y el Plan Mérida que, a pesar de toda la cooperación internacional, no ha podido eliminar los efectos de este flagelo. La solución al problema no está en la cantidad de recursos para combatir el narcotráfico, debemos pensar que si no hay demanda tampoco existirá oferta. Es un cambio cultural y de los intereses geopolíticos no solo de los Estados sino también del crimen organizado.


ECUADOR CÓMPLICE SILENCIOSO DE LA CONSPIRACIÓN DE JULIAN ASSANGE
La permanencia del huésped de WikiLeaks en la Embajada ecuatoriana en Londres ha generado un sinnúmero de cuestionamientos. Pero en especial los relacionados con los intereses políticos internacionales del gobierno del expresidente Rafael Correa, la burla a la justicia europea y la nacionalidad ilegalmente conferida por funcionarios ecuatorianos. Es evidente el desconocimiento del manejo de la política internacional. Las implicaciones que ahora se desprenden de estos hechos señalan al Ecuador como cómplice de esta conspiración internacional para desestabilizar una de las democracias más antiguas y sólidas del globo.
En julio del 2012, el presidente ecuatoriano, en un afán de protagonismo, salió a la palestra internacional con una afrenta a las potencias hegemónicas al otorgar asilo al fundador de WikiLeaks, Julián Assange. El huésped exigió un sinfín de privilegios, dejando muy en claro que era él quien llevaba las riendas en la misión diplomática. 
La Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) no estaba al margen de lo que sucedía en el Reino Unido. Más bien aprovechó la oportunidad de hacer negocios y explotar la presencia de Assange en beneficio suyo y/o del mejor postor, sin importarle las repercusiones internacionales que esta operación tendría a futuro para el país.
Funcionarios de Inteligencia, que trabajaban con Rommy Vallejo, exjefe de la Senain, comenzaron a buscar proveedores de servicios de seguridad para una supuesta protección al huésped. Sin embargo, lo que les interesaba a los pesquisas criollos era espiar al hacker y obtener toda la evidencia que lo comprometiera a futuro. La Senain firmó un contrato con UC Global. En ese convenio se especificó que la empresa tenía que entregar periódicamente los reportes de las diferentes actividades, visitas, interceptaciones, monitoreos, a la Senain. Y esta a su vez tenía que informar a su jefe directo, el expresidente Rafael Correa. En la entrevista realizada por CNN al expresidente ecuatoriano, sobre la conspiración de Assange en contra de las elecciones presidenciales estadounidenses del 2016, con un desconocimiento de las repercusiones y con una ingenuidad jurídica, confirma que conocía de la conspiración que se venía ejecutando desde dentro de la Embajada en Londres. Además, que jamás adoptó medidas para evitarlo y, peor aún, tampoco comunicó a las partes afectadas y/o a la justicia nacional e internacional.
La Operación Hotel, como se denominó a este sainete del servicio de Inteligencia de Correa, tuvo un costo superior a los USD 6 millones y se ejecutó desde el 2012 hasta el 2018. Los fondos salieron de los gastos especiales de la Secretaria de Inteligencia. La operación no solo consistía en el dispositivo de seguridad de UC Global sino también en la manutención de una casa que albergaba a agentes ecuatorianos de la Senain acreditados como funcionarios diplomáticos. Todos tenían la finalidad de monitorear las actividades de la policía londinense que custodiaba la sede diplomática. Incluso, la Senain planificó con UC Global la extracción de Assange a un refugio seguro en el caso comprometerse su estadía en la Embajada.
Esta estructura de Inteligencia conocía el detalle de las visitas, las conversaciones, y estaba al tanto de los actos de conspiración del dueño de WikiLeaks contra el sistema democrático y las elecciones presidenciales del 2016 en los EE.UU., según las propias declaraciones de Rafael Correa.
El Secretario Rommy Vallejo, que hoy disfruta su estadía en el país contra el que conspiró (EE.UU), se reunió con Julián Assange previo a su salida de la Secretaria de Inteligencia. Las repercusiones pueden ser inéditas. Y los involucrados: Rafael Correa, Ricardo Patiño, Guillaume Long, María Fernanda Espinoza, Rommy Vallejo, UC. Global, los agentes encubiertos de Londres… comienzan a poner distancias para evitar ser alcanzados. Sin embargo, las investigaciones en la justicia de los Estados Unidos, de seguro, no dejarán que este delito quede en la impunidad como sucede generalmente en Ecuador.


domingo, 30 de junio de 2019



SENAIN: La guarida de pesquisas

que violó la intimidad de los ecuatorianos

 


En el libro Crónicas Venecianas, José Luis Borja hace una explicación muy acertada de la manipulación de los sistemas de inteligencia en las dictaduras constitucionales:  sirven para proteger al caudillo populista, generando procesos de escarnio social contra ciudadanos que opinan o discrepan con el gobierno. Esta idea es fácilmente adaptable para los gobiernos socialistas del siglo XXI. Veamos por qué.
El Foro de Sao Paulo (FSP), el centro que agrupa a quienes se identifican con ese socialismo y de donde surgen sus principales ideas, establece como mandato incuestionable que todo gobierno de izquierda de la región debe realizar dos acciones para consolidar su permanencia. La primera, y la más importante, destruir el Sistema de Inteligencia Nacional, que constituyen los ojos del Estado y dan la alerta temprana ante cualquier amenaza. La segunda, debilitar sistemática y progresivamente la fuerza pública, para que el pueblo se encuentre desprotegido para poder reaccionar.
Siguiendo las indicaciones del FSP, el gobierno de Correa destruyó los sistemas de inteligencia, aduciendo una relación con potencias extranjeras. Esto se hizo ante la impavidez, el temor y la complicidad de los mandos institucionales encargados de velar por la seguridad integral del Estado. Los generales prefirieron ser utilizados como alfombras, a cambio de un puesto y prebendas, en lugar de levantar su voz con dignidad en defensa del país.
La creación del Sistema de Inteligencia política, denominada SENAIN, se publicó en el Registro Oficial 613, de junio del 2009. Vicente Rafael Correa tenía ya la herramienta para someter a todo un país y acelerar su paso en el camino a la consolidación de su gobierno.
La fábrica de aprendices de pesquisas daba sus primeros pasos. Luego hubo el reclutamiento de amigos, amantes, familiares… La seguridad del país pasó a manos de las novias del secretario de inteligencia y del equipo de fútbol de La Tola -lugar donde jugaba Ronny Vallejo. Su interés no era identificar las amenazas a la seguridad nacional, sino asegurar la permanencia en el poder del caudillo populista y fortalecer la estructura partidista e ideológica. Todo el que no concordaba o se oponía debía ser considerado un blanco para esta guarida de pesquisas.
Desde esta fábrica de conspiradores se planificaron, con dineros reservados de los ecuatorianos, las diferentes operaciones nacionales e internacionales, destinadas, supuestamente, a resguardar la seguridad del Estado. Son más de 375 millones gastados desde su creación, para la adquisición de equipos de monitoreo y seguimiento, alquiler de casas de seguridad y supuestas operaciones.


Estas últimas se realizaron dentro y fuera del país. Las extranjeras incluso comprometieron la seguridad del Estado y pusieron en riesgo las relaciones con otros países. Algunas fueron: operación “Hotel”, realizada en Londres, para vigilar las actividades de Julian Assange y de la policía inglesa.
Otras fue la operación “Caminito”, para interferir los correos y las cuentas de opositores ecuatorianos desde Argentina, por intermedio de un supuesto hacker, conocido como alias el ruso, que hasta la fecha no pueden justificar los gastos, porque no existe. 


Otra fue la operación “Caribe”, donde un grupo de pesquisas (ex miembros de AVC y el director de Inteligencia, Pablo Romero) viajaron a salvar la revolución nicaragüense de un supuesto golpe de Estado, con gastos reservados de la SENAIN.



La Operación “Goliat”, para capturar y extraditar a Galo Lara desde Panamá.


La Operación “Troyano” para seguir a miembros del gobierno del ex presidente Correa.


Las operaciones “Secuestro”, “Guayacán” y “Wilson”  en Colombia, para la captura de Fernando Balda y su traslado al país.  
El presidente Lenin Moreno creyó que al eliminar la SENAIN y cambiar de nombre al sistema de inteligencia, todo se olvidaría, que el nuevo organismo podría lavar esa imagen. ¡Qué equivocación tan infantil! Tal vez a este gobierno no le interesa investigar a una dependencia que estaba adscrita a la Presidencia de la República y cuyo jefe directo era el primer mandatario, pero los tiempos cambian, los gobiernos son transitorios, las investigaciones se reabren, el poder se termina, los acuerdos de protección se destruyen y la verdad saldrá a la luz pública.
    

jueves, 20 de junio de 2019


EL CONVENIO ECUADOR Y EEUU ES UNA BUENA NOTICIA…  PERO RUSIA ESTÁ PREOCUPADA
Mario R. Pazmiño Silva



El gobierno del presidente Moreno, consciente de la falta de tecnología y reducido presupuesto, ha optado por la vía de la cooperación internacional para reducir sus vulnerabilidades estratégicas frente al narcotráfico y a la pesca ilegal, amenazas permanentes a la seguridad integral del Estado.
El convenio firmado entre Ecuador y los Estados Unidos, para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura de la pista de 1.9 kilómetros en San Cristóbal, permitirá la operación aérea, durante las 24 horas, de ese aeropuerto. También podrá ser empleado para casos de emergencia y reabastecimiento temporal (1 vez al mes). En esa medida, el convenio de cooperación es muy claro y no abre la posibilidad de que los EE.UU. tengan en San Cristóbal una base fija con personal o aeronaves.
Los tres aeropuertos que hay en Galápagos mantienen un tráfico aéreo anual de 1100 vuelos y con el convenido se incrementaría a 1124, es decir 24 vuelos más al año, por la presencia de las aeronaves americanas, considerando que lleguen el OriónP3 y el AWAC, simultáneamente, a San Cristóbal.
¿Qué beneficio traerá para el país este acuerdo binacional?:
1.     Se realizará un control más efectivo y eficiente de las rutas del narcotráfico, reduciendo su capacidad de desplazamiento y reabastecimiento.
2.     Permitirá hacer un seguimiento y monitoreo, así como tener una presencia disuasiva, frente a flotas pesqueras internacionales, que se aproximan hacia nuestra reserva ecológica.
3.     La existencia de un depósito de combustible en San Cristóbal, evitará que las aeronaves tengan que mantener una reserva para el retorno al continente, lo que aumentará el volumen de carga, reduciendo el costo de vida de los habitantes de Galápagos.
4.     El Ecuador podrá contar con un aeropuerto que opere las 24 horas, lo que generará una mayor afluencia de turistas al archipiélago.
5.     Se mejorará el sistema de salud, ya que se dispondrá de instalaciones aeroportuarias para traslado de pacientes hacia el continente de forma inmediata.
¿Y las desventajas?:
1.     La idea errónea de que el país está entregando su soberanía a potencias extranjeras, sin darse cuenta de la soberanía la perdemos diariamente cuando adjudicamos los recursos naturales (petróleo y minería) a transnacionales (chinas) que vienen a depredar al país.
El convenio es un paso acertado del gobierno nacional en materia de Seguridad y Desarrollo, las ventajas del mismo lo veremos a corto y mediano plazo.
Pero la razón de este artículo era plantear la preocupación rusa ante lo que considera una nueva base militar estadounidense en el continente. En los últimos tres meses, este es el segundo tema por el cual Rusia vuelve a prestar especial atención a la región andina. Hay que recordar que el 24 de marzo del 2019 incrementó su pie de fuerza en Venezuela con 1 general, 100 soldados y dos bombarderos estratégicos, que se mantienen en ese país. A Rusia le preocupa también el alcance de este acuerdo una vez que se incorporen a la misma Colombia, Perú y Chile, para ejecutar una cooperación más eficaz con el tema de narcotráfico regional y/o se pueda reactivar lo que hace muchos años fue el triángulo de defensa continental.
La pregunta evidente es, entonces, ¿tomará alguna medida adicional Rusia, en el tablero geopolítico regional, donde se disputan también China y EE.UU la hegemonía estratégica en Latinoamérica?.

martes, 21 de mayo de 2019


¿Quién gobierna Venezuela?
Crnl. ® Mario R. Pazmiño Silva.



El bolivarianismo, la estrategia chavista para seducir a los incautos mientras se tomaban el poder y saqueaban el país, dependía de la penetración sistemática de las Fuerzas Armadas. Y esta penetración tenía como fin transformarlas en un Ejército represor, que defendiera la revolución socialista.
El fallido golpe de Estado en contra de Hugo Chávez, gestado por militares y organizaciones sociales el 11 de abril del 2002, constituyó el punto de inflexión del chavismo y el de partida, tanto para la transformación de las Fuerzas Armadas, como para la conformación de un Ejército paralelo, llamado los Círculos Bolivarianos. Hugo Chávez comprendió que pertenecer a las Fuerzas Armadas Bolivarianas no le garantizaba su lealtad ni su permanencia en el poder, por lo que con la asesoría de la inteligencia cubana (G-2) diseñaron un proceso de adoctrinamiento y conversión de la institución militar tradicional en una milicia revolucionaria al servicio del gobierno chavista.
La mejor forma de reclutar a sus compañeros de armas, por parte del gobierno de Chávez, fue vía incentivos que los comprometía y generaba una dependencia y agradecimiento por los cargos: recursos, viajes, prebendas, sueldos, condecoraciones, etc. La milicia venezolana rápidamente se vio deslumbrada por la corrupción, las lisonjas y por su nuevo papel en la administración gubernamental. De lado quedaron los juramentos de defensa de las libertades y los derechos que hicieron a su pueblo. La descomposición estaba ya en sus filas.
Las Fuerzas Armadas han sido corrompidas hasta el punto de no retorno. Alrededor suyo hay acusaciones de corrupción, asesinatos, violaciones de Derechos Humanos, narcotráfico… Hoy, se puede decir, se trata de una milicia que ya no responde a los intereses nacionales sino al crimen organizado y los gobernantes de un estado fallido llamado Venezuela.
La muerte de Chávez generó las pugnas internas por el poder y el inicio del fraccionamiento institucional. Los militares, acostumbrados por dos décadas a cogobernar y saquear las arcas fiscales, no podían ni querían dejar el botín o ceder posiciones. El camino entonces fue llegar a acuerdos para una coexistencia pacífica con el gobierno de Nicolás Maduro, quien mantuvo las prebendas y no intervino en los negocios ilícitos de los militares. A cambio ha tenido respaldo institucional armado ante posibles escenarios de desestabilización internos o de la comunidad internacional.
El fallido levantamiento cívico-militar del presidente interino Juan Guaidó y un puñado de militares inconformes, confirma lo antes dicho. Además de que la medida no estuvo bien planificada y el resultado es el conocido, a más de la gran expectativa internacional y un desconcierto e insatisfacción nacionales los escenarios no se modificaron.


Esto no significa que Maduro consolidó su poder, sino que quien ostenta el control del Estado en Venezuela son las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que mantienen a Maduro y pueden negociar con Guaidó. 
La crisis venezolana no se solucionará, porque quienes manejan los hilos del poder son los militares. Y ellos no están siendo consultados en este proceso. Las negociaciones que se vienen realizando en Oslo (Noruega) no prosperarán porque el actor principal, el dirimente, “la milicia bolivariana” no está convocada y sin su beneplácito nada ni nadie podrá alterar por la vía del dialogo los escenarios.