En Buenos Aires se creo una millonaria empresa del crimen organizado

La intervención en la zona de minería ilegal muestra que los grupos delincuenciales colombianos tomaron en control de la zona. Al menos tres grupos ejercieron el poder en ese sector.

Por: Mario Pazmiño

La parroquia de Buenos Aires, el recinto agrícola y ganadero perteneciente al cantón Urcuquí, de Imbabura, comenzó a interesar a connacionales y extranjeros. Esto luego de que un campesino, que se encontraba en labores agrícolas, descubriera oro impregnado en las piedras, en el 2016. La fiebre del oro se expandió rápidamente, como reguero de pólvora, generando una considerable migración interna hacia esta localidad.

Sin embargo, no solo las personas ávidas de encontrar el preciado mineral estaban interesadas en llegar a este paraje andino. Estaban las empresas internacionales, como la australiana Hancock Prospecting, las canadienses Core Gold Inc. y Luminex Resources, que rápidamente realizaron acercamiento con funcionarios gubernamentales para participar en la licitación que concesionaba los sectores de Imba-2 e Imba-3. No obstante, sus aspiraciones se vieron truncadas por la avalancha de mineros informales que ocuparon la zona.

Otras organizaciones al margen de la ley, como el Ejército de Liberación Nacional, las Disidencias y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), vieron una oportunidad para ampliar sus operaciones. Entonces, comenzaron a desplazar parte de sus estructuras para realizar el cobro de vacunas y el control territorial de la explotación minera.

El problema recién iniciaba. La disputa entre grupos de poder del narcotráfico en los departamentos de Putumayo y Nariño hizo que lleguen a acuerdos y se creen alianzas entre los grupos criminales de Sinaloa, La Constru y el Frente Oliver Sinisterra (FOS), quienes vieron una oportunidad de diversificar sus negocios.

Por otro lado, las disidencias de los Frentes 29 y 48 de las FARC, que no se acogieron al proceso de paz, venían operando en sus antiguos territorios manteniendo el control de los mismos. La disposición que dio alias ‘Sinaloa’ (comandante de la Disidencia en el Putumayo, actualmente fallecido) a Martín Quemado consistía en que movilice parte de la estructura que se encontraba operando en el sector de Mocoa, en Colombia, y concentre gente en La Victoria, frente a El Carmelo, en Ecuador. Ingresaron camuflados en camiones por el paso ilegal de La Pintada con dirección a Salinas y San Gerónimo, para llegar hasta Buenos Aires.

Los mineros de ese sector contaron a diferentes medios de comunicación durante la intervención estatal que los armados pertenecían a las FARC. Se estima una estructura operativa de 15 a 20 personas quienes ejercían el control en Buenos Aires y, que al ingreso de personal militar y policial (aproximadamente un pie de fuerza de 4 000 efectivos), se desplazaron de nuevo a territorio colombiano.

La intervención gubernamental, mediante un Decreto de Emergencia para el sector, permitió develar la infraestructura delictiva que se encontraba tras la minería ilegal. El operativo realizado deja en claro que existieron fuertes inversiones para compra de maquinaria, motores, procesadores de oro, chancadoras, etc. 

El desalojo generó aproximadamente 7 000 desplazados, que perdieron todo. Sin embargo, tienen la intención de retornar una vez que las condiciones se estabilicen. Los mineros de Buenos Aires no van a permitir que las empresas transnacionales comiencen a explotar lo que ellos consideran como suyo.