Buenos Aires la empresa millonaria del crimen organizado

Crnl. Mario R. Pazmiño Silva

La parroquia de Buenos Aires un recinto agrícola y ganadero perteneciente al cantón Urcuquí de la provincia de Imbabura comienza a tomar interés de connacionales y extranjeros luego de que un campesino que se encontraba en labores agrícolas descubriera oro impregnado en las piedras en el año 2016. La fiebre del oro se expandió rápidamente como reguero de pólvora en todo el país, generando una migración interna importante hacia esta localidad.

Sin embargo no solo las personas ávidas de encontrar el preciado mineral estaban interesadas en hacer presencia en este paraje andino; existían empresas internacionales como la australiana Hancock Prospecting, las canadienses Core Gold Inc y Luminex Resources que rápidamente realizaron acercamiento con funcionarios gubernamentales para participar en la licitación que concesionaba los sectores de Imba-2 e Imba-3, pero sus aspiraciones se vieron truncadas por la avalancha de mineros informales que ocuparon la zona.

Otras organizaciones al margen de la ley como el ELN, las Disidencias y las FARC vieron una oportunidad para ampliar sus operaciones y comenzaron a desplazar parte de sus estructuras para realizar el cobro de vacunas y el control territorial de la explotación minera.

El problema recién iniciaba, la disputa entre grupos de poder del narcotráfico en los departamentos de Putumayo y Nariño, hicieron que inicialmente se creen alianzas entre Sinaloa, la Constru y Frente Oliver Sinisterra (FOS), quienes vieron una oportunidad de diversificar sus negocios.

 

Por otro lado las disidencias de los frentes 29 y 48 de las FARC que no se acogieron al proceso de paz venían operando en sus antiguos territorios manteniendo el control de los mismos. La disposición que dio “Sinaloa” (Comandante de la Disidencia en el Putumayo, actualmente fallecido) a Martín Quemado fue que movilice parte de la estructura que se encontraba operando en el sector de Mocoa y concentre gente en La Victoria, frente a El Carmelo por donde ingresaron camuflados en camiones por el paso ilegal de La Pintada con dirección a Salinas, San Gerónimo hacia Buenos Aires.

Los mineros expresaron en diferentes medios de comunicación de que el personal armado pertenece a las FARC. Se estima una estructura operativa de unas 15 a 20 personas que ejercían el control en Buenos Aires y que al ingreso de personal militar y policial (aproximadamente un pie de fuerza de 4000 efectivos) se desplazaron hacia territorio colombiano.

La intervención gubernamental mediante un decreto de emergencia en el sector permitió develar la infraestructura delictiva que se encontraba tras esta actividad de minería ilegal.  El operativo realizado deja muy en claro que existieron fuertes inversiones para compra de maquinaria, motores, procesadores de oro, chancadoras e infraestructura etc. 

El desalojo generó una migración interna de aproximadamente unos 7000 desplazados que perdieron todo, sin embargo tienen la intención de retornar una vez que las condiciones se estabilicen, los mineros de Buenos Aires no van a permitir que las empresas transnacionales comiencen a explotar lo que ellos consideran es suyo.