Una ley de seguridad que crea fisuras

Crnl. Mario R. Pazmiño Silva

“La socialización mecanismo fundamental en el proceso de construcción de la cultura de la legalidad “ (Martínez Pichardo).

La socialización es el análisis de una necesidad que solo puede ser realmente satisfecha a través de una determinada adaptación a la realidad y previo un intercambio de opiniones entre los diferentes actores. Cuando queremos que un proyecto, un programa o una ley tenga la solidez y la aprobación de las partes involucradas, debemos conversar con esos actores para determinar las ventajas o desventajas de la propuesta. Esto enriquece el contenido del documento y permite ver la aceptabilidad que tiene el mismo.

La Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública, presentada por el Gobierno a la Asamblea Nacional, no fue socializada en las diferentes instituciones, por lo que su contenido no responde al sentir de la Fuerza Pública.

Ejemplos de que nunca fueron consultados las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son:

“Se garantiza el derecho de policías a contar con patrocinio legal gratuito cuando son sujetos a investigación o procesos por actos del servicio…”.

¿Y los miembros de las Fuerzas Armadas que están colaborando en operaciones antidelincuenciales no tiene el mismo derecho?

“… la Policía Nacional como ente ejecutor podrá contar con la cooperación de las Fuerzas Armadas. Esta colaboración será siempre en operaciones específicas comandadas por la Policía Nacional y subordinadas a la autoridad civil.” 

Se habla de operaciones de seguridad ciudadana en el combate a la delincuencia común, sin darse cuenta que el Estado está enfrentando al crimen organizado transnacional, una amenaza mayor que afecta a la seguridad integral del Estado y donde una parte es la seguridad ciudadana.

La planificación de la seguridad integral del Estado no es competencia de la Policía Nacional, es responsabilidad del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, máximo organismo encargado de articular las acciones para la seguridad integral del Estado. Al plantearse que las Fuerzas Armadas se subordinen a la Policía Nacional se abrirá un punto de confrontación permanente.

El desconocimiento de algunos conceptos de conducción estratégica y operativa generarán fricciones entre las instituciones de la Fuerza Pública, que no han sido consultadas sobre la presente ley que, en vez de solucionar problemas, generará fisuras. 

 

Ecuador autopista para el tráfico de armas.

Crnl. Mario R. Pazmiño S.

La delincuencia organizada se ha incrementado en nuestro país y las autoridades no logran controlar los altos niveles de inseguridad. La población está en indefensión ante el accionar del crimen organizado, narcotráfico y delincuencia común. 

¿A qué se debe este incremento de la inseguridad? Hay varios factores. Uno de ellos es que el Ecuador se transformó en menos de dos décadas en un santuario del crimen organizado y un país procesador de alcaloides que cuenta con plataformas internacionales de distribución de narcóticos y caletas que son utilizadas como centros de acopio de cocaína. Otro factor es la presencia de dos protomafias brasileñas, dos carteles mexicanos y proliferación de megabandas que emplean armamento sofisticado para ejecutar sus acciones delictivas, asegurar los corredores de movilidad de alcaloides, la protección de los centros de acopio y un control a sangre y fuego de los territorios considerados santuarios de estas organizaciones. Una tercera razón es la falta de un sistema de inteligencia y contrainteligencia que prevean el accionar de estas amenazas.

La inexistencia de controles adecuados ha permitido que el tráfico de armas se incremente y permita suplir las necesidades logísticas para las organizaciones delictivas.

Tres rutas son las que facilitan el tráfico de armas munición y explosivos:

1.     La mas importante viene desde Chile, se incrementa en Perú e ingresa a Ecuador por Huaquillas hacia la provincia bisagra de El Oro. Ahí se ramifica en dos corredores: uno que se traslada hacia Guayas, Manabí, Los Ríos, S. Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas, para salir por pasos ilegales al departamento de Nariño en Colombia.  El otro corredor recorre la serranía ecuatoriana y atraviesa Azuay, Cañar, Chimborazo, Tungurahua, con una ramificación hacia Sucumbíos y luego al departamento de Putumayo. Por la ruta de la serranía se llega a otra provincia bisagra: Pichincha, donde se encuentra otra ramificación hacia Carchi que se divide en dos rutas más, una que va al Dpto. de Nariño y otra hacia Sucumbíos para pasar al Dpto. de Putumayo.

2.     La segunda es interna y se materializa desde los rastrillos de los cuarteles de la Fuerza Pública, en donde el personal es reclutado por organizaciones delictivas para que les provean de armamento.

3.     La tercera la constituyen las narcoavionetas que ingresan desde el exterior con armamento y dinero para entregar a las megabandas que trabajan para los carteles mexicanos. 

Durante los desplazamientos de las armas, una buena parte se quedan en nuestro país y son compradas por el mercado negro y vendidas o alquiladas a organizaciones delictivas (delincuencia común). Su costo depende de la oferta y demanda de las megabandas y su capacidad económica para adquirirlas. Los fusiles dependiendo de su marca y procedencia puede ser vendidos desde $7000 dólares; una pistola puede costar $3000. En algunas ciudades como Guayaquil, Santo Domingo, Manta, Esmeraldas, Quito, Lagoagrio, las armas pueden ser alquiladas para cometer delitos, los costos también fluctúan desde los 500 dólares los fusiles y 200 las pistolas dependiendo de la oferta y demanda.

La inacción de las instituciones gubernamentales solo ha generado más muertos, violencia e inseguridad, facilitando al crimen organizado mejores condiciones para continuar provocando terror, incertidumbre, caos y transformando al país en la nueva autopista del tráfico de armas.