Las estrategias de desestabilización empleadas para destruir el país

Crnl. Mario R. Pazmiño S.

 

La desestabilización del estado de derecho se ha radicalizado por falta de dialogo y la posición intransigente de los demandantes. No ha importado los muertos, la paralización de la economía nacional, la destrucción de la propiedad pública y privada, solo existe un objetivo: la toma del poder por un proceso revolucionario. Las diez demandas planteadas por los anarquistas de la wiphala constituyen la fachada perfecta de su verdadero propósito, “derrocar a un gobierno ingenuo”, que no logra conectarse con la realidad que vive su pueblo.

En esta lucha fratricida de egos y posiciones intransigentes, la frase de Nicolás Maquiavelo, “el fin justifica los medios” es plenamente aplicable. El caudillo indígena necesita agrupar a sus bases que están descontentas y han comenzado a abandonarlo. Es prioritario para este dirigente que existan mártires que sirvan de potenciadores de su lucha, por eso coloca en primera línea de las protestas a mujeres y niños como carne de cañón, buscando víctimas que engrosen su causa.

Varias estrategias se vienen empleando en esta violencia social que busca la toma del poder e imponer un comunismo indoamericano:

1. La estrategia del Black Bloc. Es un manual de enfrentamiento contra los organismos de seguridad del Estado por parte de grupos anarquistas o de terrorismo urbano, donde explican detalladamente las técnicas y tácticas para enfrentar a la Fuerza Pública.
2. La estrategia de la Guerra Molecular Disipada. El libro de Félix Guattari es la biblia de los anarquistas y el nuevo manual de guerrilla urbana, donde se describe la forma de desarticular a la Fuerza Pública, creando diferentes focos de confrontación y violencia para obligar al empleo descentralizado de los organismos de seguridad, haciéndolos más vulnerables a la acción de emboscadas callejeras o en carreteras.
3. La estrategia mariateguista. Esta técnica busca llevar el conflicto del campo a la ciudad, para aislarla mediante el bloqueo de vías, desabastecimiento, saqueos, ataques a la propiedad pública y privada, su fin es generar pánico social y la inacción gubernamental, para desde la destrucción de las bases sociales crear una nueva sociedad.
4. La estrategia de las zonas de paz y corredores humanitarios. Estas instalaciones inventadas por los organismos de izquierda, como áreas de descanso y atención, constituyen trincheras del proceso revolucionario, donde se reorganizan los medios, se reabastecen de armas y pertrechos para la confrontación. Estas áreas de paz y corredores humanitarios solo se utilizan en conflictos armados entre fuerzas que quieren poner a buen resguardo a la población de armas nucleares y de instalaciones militares extranjeras, no a las partes del conflicto. En Venezuela “las zonas de paz son un eufemismo que reciben las áreas delimitadas por el gobierno castro-chavista, donde la Fuerza Pública no puede ingresar a la localidad a realizar operativos a cambio de que los delincuentes de la zona no cometan crímenes”.
5. La estrategia wiphala. Manipular al movimiento indígena ofreciéndole una lucha por una plataforma de diez puntos que, si bien constituyen desatenciones de muchos años de exclusión y el incumplimiento gubernamental, su fin es otro: tomar el poder para hacer lo que dice el libro “Estallido”, crear otro país con una ideología comunista bajo los principios mariateguistas.

Sin embargo, de lo expuesto existen un sinnúmero de problemas que le quitan la tranquilidad al dirigente indígena, quien observa con preocupación que su plan inicial no está dando los resultados esperados:

1.       Fraccionamiento de sus bases. El caudillo indígena, pensó que la toma del poder y la caída del presidente Lasso se daría en una semana y para ese efecto convocó a sus organizaciones; sin embargo, gran parte del movimiento indígena no lo apoyó por lo que su traslado a la capital tuvo muchos contratiempos. Durante los trece días de paralización y al no alcanzar sus objetivos, comenzó el descontento con las bases que fueron forzadas a venir, amenazadas con multas o cortes de agua de riego. El detonante final fue la disposición a la Fuerza Pública, por parte del presidente, del uso progresivo de la fuerza, lo que se materializó con el desalojo de la Casa de la Cultura, supuesta “Zona de Paz” y el abandono de parte de sus bases las que retornaron a sus comunidades.

2.       Reducción del financiamiento. Los millonarios recursos económicos con los que contaba el movimiento indígena para la paralización del país se fueron diluyendo, sus aportantes exigían resultados para seguir invirtiendo, es por eso el segundo llamamiento a otra ola que venga a constituir un relevo estratégico especialmente en Quito para mantener la agitación y presión social.

3.       Repudio al movimiento indígena. La sociedad ecuatoriana ha comenzado a organizarse autoconvocándose para defender sus ciudades y rechazar la presencia del indigenado en las mismas. Esta es la mayor preocupación que tiene Iza, porque sabe que si quiere tomar el poder deberá contar con el apoyo popular y no lo tiene. Su actitud intransigente genera un rechazo creciente que, sumado a los atropellos y violencia desatada por desadaptados, que utilizan la supuesta protesta pacífica para cometer actos de terrorismo y guerrilla urbana.

La crisis social no tiene visos de solución a corto tiempo, más bien se vislumbra focos de conflicto urbanos en incremento, especialmente en Quito, donde los manifestantes utilizarán estrategias de guerrilla urbana con técnicas de combate callejero, a través de células armadas para atacar a la Fuerza Pública. El movimiento indígena está en condiciones de incrementar la cantidad de manifestantes (tercera ola), presionando a las comunidades para que se trasladen a la capital.

La iniciativa la tiene la CONAIE. El gobierno es un simple espectador reactivo, con un liderazgo débil, sin conectarse con la gente, sin un plan definido y peor una estratégica. El país sigue desangrándose, en una confrontación fratricida por el ego de actores irresponsables, que creen que su beneficio personal está por encima de los intereses nacionales y del pueblo ecuatoriano.