EL SISTEMA CARCELARIO EL HOLDING DE LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA
Crnl.
Mario Pazmiño Silva
La inseguridad
en el sistema carcelario es un reflejo de la crisis de gobernabilidad que
atraviesa el país. La falta de conducción adecuada en la política pública,
desinformación, desconocimiento e improvisación ha generado un efecto
devastador en el sistema carcelario, donde los niveles de violencia y
corrupción han sido el detonante permanente de la influencia e injerencia de
mega bandas o mafias delictivas que tomaron el control de las cárceles en el
país.
La
Constitución en su Art. 201 determina la responsabilidad del Estado a través
del Sistema de Rehabilitación Social para precautelar la vida y seguridad de
los privados de la libertad y también su reinserción en la sociedad,
disposición constitucional que ha sido inobservada por el Presidente, el
Ministerio de Gobierno, la Función Judicial y la Asamblea Nacional, organismos
que deberían velar por el cumplimiento de las normas y la fiscalización de los
infractores de las mismas.
El
sistema carcelario se ha convertido en el holding de la delincuencia organizada
donde se integran las estructuras delictivas para la administración y control
de los mal llamados “centros de rehabilitación social”. Esta organización
criminal ha penetrado todos los sistemas penitenciarios, incluyendo los
funcionarios que dirigen los centros carcelarios, los guías, los sistemas de
control etc., todo está interrelacionado en una sola mafia de corrupción
delictiva amparada en la impunidad.
Los
niveles de violencia y barbarie han sido el detonante de una realidad de
inseguridad que se vive en las 55 recintos penitenciarios, donde se refugian y
conviven 26 mega bandas que tratan de ejercer un dominio territorial, situación
que ya se salió hace mucho tiempo de control y que las autoridades no quieren
ver o evitan enfrentarlas por incapacidad o complicidad.
El
ultimo acontecimiento de la muerte de un israelita investigado por las
autoridades en los negociados hospitalarios, donde están posiblemente relacionados
un sinnúmero de actores políticos y funcionarios públicos, es una muestra clara
de la penetración de esta delincuencia organizada, donde el Director, los
guías, abogados e implicados son parte de un sinnúmero de delitos que terminan
con la muerte de un detenido y la amenaza por su vida a otro, ante la inacción
de funcionarios judiciales que prefieren mirar para otro lado por temor o
complicidad.
El
Estado supuestamente preocupado por los niveles de violencia en las cárceles a
nivel nacional decreta un estado de excepción para los recintos penitenciarios
disponiendo la intervención de las FF.AA., sin darse cuenta que el problema no
está en el los anillos de control externos, la amenaza está al interior y se
llaman mega bandas.
La
crisis carcelaria requiere una decisión política y una reingeniería total del
sistema penitenciario, que incluya una selección adecuada de personal, mejores
sistemas tecnológicos de seguridad, incremento de presupuesto, pruebas de
confianza, fortalecimiento de las unidades de inteligencia penitenciaria entre
algunos aspectos a considerar, si se quiere reducir la violencia y el accionar
de la delincuencia organizada enquistada en los centros de rehabilitación
social.
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