LA CORTE CONSTITUCIONAL PUSO UNA LÁPIDA
A LA INDEFENSIÓN DE LA SOCIEDAD
Crnl. ® Mario R. Pazmiño Silva
Los
ecuatorianos somos una sociedad que no aprendemos de las experiencias negativas
que hemos vivido como país y reaccionamos ante las amenazas del momento, sin visualizar los escenarios negativos que se
pueden presentar a futuro.
Las
acciones de vandalismo, con tintes de terrorismo y sedición urbana que
sembraron el caos y temor ciudadano en octubre del 2019, generaron el clamor de los ecuatorianos, por una rápida y enérgica
intervención militar y policial ante la visión aterrada de la destrucción de
los pilares de la misma sociedad. Se criticó por la inacción de la Fuerza
Pública, la que fue vilipendiada y humillada por un grupo de anarquistas
desestabilizadores, amparados en una organización con tintes izquierdista
llamada derechos humanos.
El
argumento que esgrimía la Fuerza Pública, era, que no tenían el respaldo legal
ni institucional para actuar, por lo que su accionar se transformó en simples
espectadores de la destrucción del país, ante la mirada desorbitada de
políticos timoratos que recurrían a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para
que los protejan y eviten que el pueblo les exija su salida por ineficientes,
incompetentes y corruptos.
Han
pasado varios meses desde esos hechos lamentables y la amenaza no se ha
disipado más bien se ha consolidado, los vándalos si han aprendido de los
errores que la sociedad se niega a aceptar.
El
Ministro de Defensa acogiendo el clamor por la inseguridad de la sociedad y el
pedido de los miembros de la Institución, promulga “El Reglamento de Uso Progresivo Racional y Diferenciado de la Fuerza”,
aprobado mediante Acuerdo Ministerial 179 publicado en el Registro Oficial Nro.
610 de 29 de mayo de 2020, que le permitía hacer frente a estas hordas de
anarquista que quieren destruir la democracia y la seguridad de los
ecuatorianos.
Un
grupo de iluminados juristas, eruditos e incorruptos representantes del
poder judicial, quienes dicen velar por los intereses del pueblo, declaran
mediante resolución “Suspender la vigencia del Acuerdo Ministerial No. 179 del Ministerio
de Defensa publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 610 de 29 de
mayo de 2020 hasta que el Pleno de la Corte Constitucional adopte una decisión
sobre el fondo del caso”.
Estos
iluminados han colocado al país en indefensión y a las instituciones garantes
de los derechos y libertades de la sociedad en una inacción operativa.
Esperemos que cuando las hordas de marquistas, vándalos, delincuentes y
terroristas urbanos que vayan a destruir de locales comerciales,
urbanizaciones, empresas, UPCs o instalaciones judiciales, no vayan a golpear
los cuarteles para pedir ayuda pues esas instituciones trataron de tener las
herramientas para enfrentar la destrucción, la inseguridad y el caos que no lo
generaron los militares sino los mismos políticos que los colocaron en los
cargos.
